Cancelación de antecedentes penales

Andrea del Rey Romero
enero 31, 2024

En el blog de hoy queremos explicar la cancelación de antecedentes penales, en primer lugar nos tenemos que preguntar:

¿Qué son los antecedentes penales y qué es la cancelación?

Los antecedentes penales se refieren al historial de una persona en relación con cualquier condena o sentencia penal firme que haya recibido. Estos registros contienen información sobre delitos que una persona ha cometido y las penas asociadas a esos delitos.

La cancelación de antecedentes penales es un proceso legal mediante el cual una persona busca eliminar o reducir la visibilidad de ciertos registros de su historial delictivo. Este proceso tiene como objetivo ofrecer a los individuos la oportunidad de rehabilitarse y reintegrarse a la sociedad sin las limitaciones y estigmas asociados con sus antecedentes penales. Pero, no se produce la cancelación con la mera extinción de la pena, sino que debe trascurrir un periodo de tiempo ya determinado en la normativa para cada tipo de pena, y, además, debe haberse satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito. Este plazo se contabiliza a partir del día siguiente de la extinción o cumplimiento de condena.

Plazos para cancelación de antecedentes penales

Los plazos son los determinados en el artículo 136.1 del Código Penal:

6 meses para condenados por penas leves.
2 años para condenados con penas menos graves inferiores a 12 meses o por delitos impudentes.
3 años para condenados con penas menos graves inferiores a 3 años.
5 años para condenados por penas menos graves iguales o superiores a 3 años.
10 años para condenados por una pena grave.

En cualquier caso, si delinque nuevamente durante el trascurso de estos plazos, se interrumpirán.

Es fundamental tener en cuenta que la cancelación de antecedentes penales no se produce de manera automática.

¿Cuánto tiempo tarda en cancelarse los antecedentes penales?

El proceso de resolución para la cancelación de antecedentes penales generalmente tarda alrededor de 3 meses, momento en el cual la persona recibirá una notificación confirmando la efectiva cancelación. No obstante, es importante señalar que existe la posibilidad de que se produzca lo que se conoce como silencio administrativo.

¿Qué ocurre si no se obtiene respuesta de la Administración?

El silencio administrativo es la situación en la que la Administración no emite una respuesta, ya sea positiva o negativa, dentro del plazo establecido. En el contexto de la cancelación de antecedentes penales, si la Administración no se pronuncia en el tiempo estipulado, se considerará que la solicitud ha sido estimada de manera positiva. Esto se conoce como silencio administrativo positivo. En otras palabras, si transcurre el período previsto sin que la Administración emita una respuesta formal sobre la solicitud de cancelación de antecedentes, se entenderá que la solicitud ha sido aceptada tácitamente.

Diferencia entre antecedentes penales y policiales.

Es común que exista confusión entre ambos términos, los antecedentes penales se refieren al historial de una persona en relación con condenas y sentencias penales. Estos registros documentan los delitos cometidos por un individuo, las fechas de condena, así como las penas impuestas. En contraste, los antecedentes policiales se refieren a la información recopilada por las fuerzas de seguridad; estos registros pueden incluir arrestos, investigaciones, denuncias y otros incidentes en los que la policía haya intervenido, pero que no necesariamente ha resultado en condenas penales, sino que ha podido quedar absuelto.

La cancelación de antecedentes penales es esencial para reintegrarse plenamente en la sociedad. De esta manera, no solo se facilita la búsqueda de empleo, acceso a vivienda y la obtención de créditos bancarios, sino que también demuestra la rehabilitación del condenado y su voluntad de volver a empezar. Al facilitar la eliminación de los antecedentes penales, se fomenta la idea de segundas oportunidades, tal y como lo determina el artículo 25 del Código Penal al establecer que “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados”. Es esencial tener en cuenta que estos antecedentes no desaparecen automáticamente; su cancelación requiere una solicitud y, por ello, contar con asesoramiento legal es muy importante.

Si necesitas asesoramiento legal, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. En GIL LOZANO ABOGADOS expertos Abogados Derecho Penal en Madrid estamos aquí para ayudarte.

Andrea del Rey Romero

Abogada ejerciente con especialización en Derecho Penal y Derecho de Familia. Grado en Derecho por la Universidad de Granada y Máster de acceso a la abogacía de la misma institución.