Cómo se están aplicando las medidas de la ley 8/2021 en los procedimientos de patria potestad, guarda y custodia y régimen de visitas

La Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, supone un cambio profundo en la regulación tanto de los procedimientos como de las instituciones de guarda y protección a las personas con discapacidad, otorgándoles un mayor protagonismo en la vida jurídica a base de una mayor flexibilidad de las instituciones de protección. Nos resulta menester mencionar que la protección de estas personas está otorgada por la Constitución española, en cuyo artículo 49 señala que “los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos.”, artículo que sirve de base de toda la legislación protectora de las personas con discapacidad. La Ley 8/2021 también ha supuesto una profunda reforma en cuanto a los artículos regidores de la patria potestad, guarda y custodia y régimen de visitas en los procedimientos de nulidad, separación y divorcio.

No obstante, la práctica judicial en esta temática, al igual que ocurre en muchos otros campos del Derecho, es muy variopinta, máxime teniendo en cuenta que estamos hablando de un Derecho que tiene muy en cuenta los valores afectivos y sentimentales, que van más allá de las aplicaciones automáticas de un determinado precepto legal.

En lo que respecta a la guarda y custodia compartida y al régimen de visitas, la SAP de Madrid 93/2023, que resuelve en apelación sobre un procedimiento de medidas de guarda y custodia y visitas no consensuadas, hace hincapié, más que en el cambio en el articulado que trae la ley, en el tratamiento jurisprudencial. En el fundamento jurídico segundo de la sentencia, parafraseando la STS de 7 de marzo de 2017, “la custodia compartida conlleva como premisa la necesidad de que entre los padres exista una relación de mutuo respeto que permita la adopción de actitudes y conductas que beneficias al menor, que no perturben su desarrollo emocional y que pese a la ruptura afectiva de los progenitores se mantenga un marco familiar de referencia que sustente un crecimiento armónico de su personalidad”, anteponiendo, en todo caso, el interés del menor. Lo que lleva a la AP de Madrid a desestimar la apelación y a confirmar el régimen de custodia compartida establecido por la Primera Instancia al entender que dicho régimen es lo que más favorece al interés del menor, para no perder lazos afectivos con ninguno de los dos progenitores.

Por otro lado, la SAP de Valencia 101/2023 aplica con carácter bastante estricto el art. 94 CC en la nueva redacción del párrafo cuarto dada por la Ley 8/2021, que establece lo siguiente:
“No procederá el establecimiento de un régimen de visita o estancia, y si existiera se suspenderá, respecto del progenitor que esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o sus hijos. Tampoco procederá cuando la autoridad judicial advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia doméstica o de género. No obstante, la autoridad judicial podrá establecer un régimen de visita, comunicación o estancia en resolución motivada en el interés superior del menor o en la voluntad, deseos y preferencias del mayor con discapacidad necesitado de apoyos y previa evaluación de la situación de la relación paternofilial”.

Habida cuenta del caso que analiza la AP en este supuesto, decide mantener la suspensión del régimen de visitas acordado por el Juzgado de violencia sobre la mujer en base a las sentencias penales recaídas sobre el recurrente, sobre todo por la constancia de un informe psicosocial que desaconseja cualquier tipo de contacto del menor con su padre” (SAP Valencia 101/2023).
En conclusión, podemos afirmar que cada órgano judicial realiza una aplicación distinta de este tipo de medidas, es decir, cada juez interpreta las medidas en uno u otro sentido. Como hemos observado, unos con más taxatividad que otros, pero de lo analizado sí que podemos concluir que siempre se pone en relieve el interés del menor, siempre que el juez dicta resolución debe anteponer el beneficio de los menores al de los progenitores. Esperamos que os haya gustado este post, en GIL LOZANO ABOGADOS estamos aquí para ayudaros.

Santiago Yanini
CEO en Abogados Gil Lozano | 912 30 14 52 | + posts

Socio fundador del despacho, experto herencias y liquidación de sociedad de gananciales. Socio-Fundador de Abogados Gil Lozano CEO Abogados Gil Lozano. Especialista en liquidación de patrimonio, herencias y negociaciones.

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