Derecho penal

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Abandono de familia


Este delito está regulado en los artículos 226 y siguientes de Código Penal. Este tipo delictivo no abarca únicamente una acción, el bien jurídico protegido es el derecho subjetivo a la asistencia que poseen los hijos, el cónyuge o, en su caso, los ascendientes.

El apartado primero del artículo 226 castiga al sujeto que teniendo legalmente conferida la custodia o asistencia de sus descendientes, ascendientes o cónyuge no la ejerce. Con esta norma penal el ordenamiento jurídico punitivo trata de amparar a aquellas personas más desprotegidas que para sus necesidades más vitales: la salud, la alimentación, la vestimenta o la higiene, necesitan de su pariente más próximo, y sin cuya asistencia estarían en una situación de abandono.

Se trata se un delito permanente y que, como se ha explicado anteriormente, no se comete en un solo acto, sino que se comete de forma prolongada en su tiempo. Esta infracción penal puede provocar la pérdida de la patria potestad, tutela, guarda o acogimientos familiares. Además, es un delito perseguible solo a instancia de parte, es decir, previa denuncia de la persona agraviada, aunque en el caso de los menores o personas discapacitadas necesitadas de especial protección, lo podrá llevar a cabo su representante legal o el Ministerio Fiscal. Es uno de los pocos delitos de nuestro ordenamiento en los que el perdón por parte del ofendido no tiene trascendencia alguna.

Es necesario que se cumplan dos requisitos para que se cumpla el ilícito penal:

1.- Que el sujeto activo tenga la obligación legal de asistir a sus descendientes, ascendiente o cónyuge y no lo haga de forma consciente o voluntaria, sabiendo que esas personas se encuentran necesitadas.

2.- Que esas personas se hallen necesitadas de dicho sustento. Esto quiere decir que, si se incumple la obligación, pero la persona que depende de él o ella no están necesitadas debido a su situación personal, patrimonial o familiar, no cometen delito alguno.

En el despacho disponemos de un equipo de profesionales que se dedican, para la defensa de sus intereses en estos delitos.

Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico: hurto, robo, apropiación indebida, estafa…


Los delitos tipificados en este título castigan conductas que, realizadas con ánimo de lucro, atenten contra derechos patrimoniales en sentido estricto como la propiedad, la posesión, derechos reales y obligaciones contra otros bienes. El bien jurídico protegido es el patrimonio, concepto que incluye la propiedad como expresión máxima del mismo. Se trata de un delito de resultado, el los que se requiere únicamente una actividad idónea para lograr una lesión patrimonial.

Dentro de esta categoría encontramos tipificados distintos delitos:

  • Hurto: acción de sustraer bienes ajenos sin la concurrencia de fuerza en las cosas, violencia o intimidación.
  • Robo: conducta consistente en sustraer cosas ajenas con empleo de fuerza en las cosas o violencia o intimidación en las personas.
  • Extorsión: acción consistente en obligar a otro, con ánimo de lucro y con empleo de violencia o intimidación, a realizar un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de un tercero.
  • Robo y hurto de uso de vehículos: consiste en la sustracción o utilización de un vehículo a motor sin autorización, sin ánimo de apropiárselo y sin empleo de fuerza en las cosas o violencia o intimidación o, con empleo de las mismas en el caso del robo.
  • Usurpación: ocupación de bienes inmuebles y usurpación de derechos reales inmobiliarios sin autorización, ya sea con o sin empleo de violencia o intimidación.
  • Estafa: es la acción consistente en inducir a otro, con ánimo de lucro, y mediante engaño bastante, a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.
  • Apropiación indebida: consiste en apropiarse, en perjuicio de otro, de dinero, efectos valores o cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial, o cualquier otro título que conllevase la obligación de entregarlo o devolverlo, o negase haberlo recibido.

En el despacho disponemos de un equipo de profesionales que se dedican, para la defensa de sus intereses.

Delitos contra la salud pública: tráfico de drogas


La salud pública colectiva constituye un bien jurídico independiente de la propia e individual de cada sujeto, se configura como un conjunto de condiciones positivas y negativas que posibilitan el bienestar general de la colectividad.

Se regulan en los artículos 359 a 378 del Código Penal y se dividen en dos grupos: delitos contra la salud pública relacionados con el comercio (por ejemplo, falsificación de productos médicos) y delitos de tráfico de drogas.

Son delitos de peligro abstracto, se sancionan penalmente conductas que ponen potencialmente en riesgo o salud de los ciudadanos, es decir, no se exige un resultado de daño, únicamente la puesta en peligro de la vida o la salud de la colectividad.

Podemos distinguir entre los siguientes tipos delictivos:

  • Delitos relacionados con el comercio:
    • Elaboración de sustancias nocivas para la salud o productos químicos que pueden causar estragos.
    • Despacho o expedición de medicamentos.
    • Dopaje deportivo.
    • Fraudes alimentarios.
  • Tráfico de drogas y precursores:
    • Tráfico de drogas, subtipos agravados y atenuados.
    • Tráfico de precursores de drogas y subtipo agravado.

En el despacho disponemos de un equipo de profesionales que se dedican, para la defensa de sus intereses.

Delitos contra la seguridad vial


Podemos conceptuar seguridad vial como una globalidad, para cuya consecución deben adoptarse todas las medidas necesarias tendentes a evitar los accidentes, a disminuir las consecuencias del accidente una vez que se ha producido, a tratar de evitar la evolución negativa de las consecuencias del accidente y a conseguir la reinserción en la sociedad de las personas que han sufrido daños como consecuencia de los accidentes de tráfico.

Se regulan en los artículos 379 a 385 del Código Penal, no se trata de un delito que abarque una única acción, sino que engloba las siguientes: exceso de velocidad, conducción bajo la influencia de alcohol o drogas, conducción temeraria, negativa a cometerse a las pruebas de alcohol y drogas, conducir sin carnet, crear riesgo para la circulación. Todos ellos son delitos de mera actividad, de peligro, ya sea abstracto o concreto, no es necesario que se produzca un resultado lesivo en algunas ocasiones para que se considere delito.

En cuanto a los accidentes de tráfico si solamente reclamamos responsabilidad civil, la jurisdicción adecuada es la civil.

En el despacho disponemos de un equipo de profesionales que se dedican, para la defensa de sus intereses.

Impago de pensiones


El derecho a la pensión de alimentos a favor de los hijos está instituido en el artículo 39 de la Constitución, consiste en el deber de asistencia de los padres a los hijos menores de edad y en los demás casos que legalmente procedan. Por ello, la pensión de alimentos es prioritaria, y son los padres los obligados a prestar alimentos a los hijos menores, sin que sirva de excusa la separación, divorcio o nulidad matrimonial.

Se trata de un delito de omisión por el obligado al pago de la misma, incluido en el delito de abandono de familia. Para que se produzca el ilícito penal se tienen que dar una serie de requisitos establecido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo:

1.- En primer lugar, que exista una resolución judicial firme, ya sea Sentencia de divorcio, separación, filiación, alimentos… que fije una cantidad determinada y obligue al progenitor no custodio a abonar una pensión alimenticia a favor de sus hijos. Es el título judicial que sirve de acreditación ante dicho incumplimiento.

2.- En segundo lugar, que haya una conducta omisiva, esta puede ser durante dos meses consecutivos o cuatro alternos.

3.- En tercer lugar, que exista voluntariedad de impago, es decir, omisión dolosa del pago.

En caso de cumplimiento de estos tres requisitos estaríamos frente a la comisión de un delito de impago de alimentos tipificada en el artículo 227.1 de nuestro Código Penal.

En el despacho disponemos de un equipo de profesionales que se dedican, para la defensa de sus intereses.

Violencia de género


La violencia de género es un tipo de violencia física, psicológica o sexual ejercida contra cualquier persona o grupo de personas sobre la base de su sexo o género que impacta de manera negativa en su identidad y bienestar social, físico, psicológico o económico.

Se encuentra regulado de modo genérico en el artículo 148.4º del Código Penal y, concretamente en la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de Diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Tiende a confundirse con el término de violencia doméstica que, aunque esté íntimamente relacionad, incluye la violencia en el terreno de la convivencia familiar o asimilada, por parte de uno de los miembros contra otros. En este tipo penal se incluyen a mujeres, niños y varones a diferencia del delito tipificado como violencia de género en el que sólo están protegidas como víctimas las mujeres.

En el despacho disponemos de un equipo de profesionales que se dedican, a la defensa de las mujeres contra la violencia sobre la mujer y sobre los menores, también disponemos de un equipo de profesionales que se dedican a la defensa de la víctima de violencia doméstica, en la que están incluidos los hombres.

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