EL REPARTO PARITARIO DEL TIEMPO DE CONVIVENCIA CON LOS HIJOS ES CUSTODIA COMPARTIDA

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Tras un largo y arduo proceso, donde la insuficiencia normativa y la confusión lingüística en materia de familia ha quedado más que confirmadas, el padre de dos menores ha logrado la estimación de su pretensión implantando un régimen de custodia compartida en favor de ambos progenitores, como venía solicitando desde la instancia. Así es como se observa en la STS 656/2021, de 4 de octubre de 2021, sentencia cuya importancia vamos a examinar a continuación.

El supuesto de hecho que hoy nos ocupa versa sobre un procedimiento iniciado por parte del padre de dos menores en el que, al momento de poder permitirse conciliar su vida familiar con la vida laboral, realiza la petición de implantar un régimen de guarda y custodia compartida. Así pues, el Juez de primera instancia decreta un “sistema de convivencia paritaria” al que denomina “custodia materna”, que es finalmente asumido por el padre con el fin de poder obtener su pretensión sin mayores conflictos, pero sin tener plena conciencia de las consecuencias materiales que acarrearía la implantación de este régimen.

Para su sorpresa, la resolución judicial establece un sistema de custodia individual materna, en la que de forma genérica acaba basándose para el establecimiento del resto de medidas, como son el uso y disfrute de la vivienda familiar otorgado a la mujer junto con los hijos por un período sin temporalizar – hasta que los menores alcancen la mayoría de edad – y la determinación de la pensión de alimentos como si de un modelo propio de custodia individual se tratase. Todo ello sin tener en cuenta las pretensiones del otro progenitor en cuanto al uso de la vivienda por la madre y los hijos por un período determinado de dos años y la reducción de la cuantía correspondiente a la pensión de alimentos.

A pesar de sus intentos de lograr una resolución favorable, la Audiencia Provincial de Valencia, en Sentencia de 30 de octubre de 2019, desestima su recurso contra la resolución de instancia confirmando la misma, lo que obliga al recurrente a plantearse la contingencia de acudir al Tribunal Supremo, quien finalmente resolverá sobre su asunto.

Es preciso recordar las grandes dificultades a que se enfrentan los juristas y abogados a la hora de hacer valer sus pretensiones ante esta instancia pues, tratándose de un recurso extraordinario, los motivos tasados del artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), a que obliga a atenerse el Tribunal complican en gran medida su admisión a trámite y su eventual estimación, siendo 90% de los recursos de casación inadmitidos o desestimados sin éxito. Así pues, el recurrente despliega todas sus armas sobre los motivos que detallamos a continuación:

En primer lugar, el recurrente señala la infracción de los artículos 92 del Código Civil (CC), 3.1 de la Convención de Naciones Unidas, 3 de la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, y el 39 de la Constitución Española (CE), al carecer de sentido la implantación de un sistema de custodia individual en lugar de uno en régimen compartido, ya que el tiempo señalado por la resolución para la convivencia con los menores es el mismo para ambos progenitores.

En segundo lugar, por infracción de los artículos 92 del CC, 3.1 de la Convención de Naciones Unidas y 3 de la Ley del Menor, plantea que la atribución de la guarda exclusiva a la madre en la sentencia impugnada en este proceso genera un claro perjuicio a la correcta aplicación del principio del interés superior del menor.

La tercera infracción planteada se centra en la interpretación de los contratos, refiriéndose a los artículos 1281, 1284 y 1286 del CC, y a la Doctrina del propio Tribunal Supremo sobre la irrelevancia del nomen iuris. Lo que viene a afirmar el recurrente en este sentido es que cualquiera que sea la denominación atribuida por las partes a los contratos, éstas no ostentan facultades para modificar su sentido.

A continuación, mediante la invocación de la infracción de los artículos 142, 145, 146 y 154.2 del CC, se viene a manifestar la vulneración del principio de proporcionalidad a la hora de determinar la pensión de alimentos, puesto que la Sentencia no atiende a la relación de necesidades reales del alimentista y las capacidades económicas de los progenitores.

Finalmente, al atribuir la Audiencia Provincial en su Sentencia el uso y disfrute de la vivienda familiar únicamente a uno de los progenitores durante un período sin temporalizar – hasta cumplir la mayoría de edad -, observa el recurrente la infracción de los artículos 348 del CC y del 33 CE, en concordancia con el primero de los motivos alegados, al considerar que siendo el tiempo de convivencia con los menores idéntico para ambos progenitores, el uso y disfrute de la vivienda familiar debía atribuirse de acuerdo a ese tiempo, y no de manera individualizada y atemporal.

Siendo, después de todo, estimada la pretensión del padre de los menores, la importancia que muestra esta Sentencia del Tribunal Supremo se hace notar en varios aspectos. A pesar de las dificultades a que se enfrentaba el recurrente al plantear el recurso de casación por no lograr sentencias de contraste con las que apoyar su pretensión, ha logrado poner de manifiesto determinadas debilidades que muestra la jurisdicción civil en materia de familia; en concreto, en relación al concepto de custodia compartida que tan poco estamos acostumbrados a observar en las resoluciones judiciales. Es, pues, una manera de aportar una visión actualizada de los problemas que plantea la escasa regulación de la custodia compartida en nuestra normativa, que se centra en mayor medida en el desarrollo de la custodia individual en favor de uno de los progenitores. Asimismo, se observa en este supuesto cómo la denominación de “custodia materna” impuesta tanto por el Juzgado de Primera Instancia como por la Audiencia Provincial derivó en un régimen de custodia exclusiva en favor de la madre de los menores, obligando a modificar el resto de medidas en cuanto al uso y disfrute de la vivienda familiar y la pensión de alimentos.

No obstante, aun cuando la terminología técnica pueda suponer una mayor complicación para el procedimiento, no se puede olvidar que en todo procedimiento en materia de derecho de familia (y en cualquier otra rama del derecho) en que intervengan menores, la mayor preocupación por las partes y el resto de colaboradores jurídicos debería ser satisfacer el principio del interés superior del menor que, a pesar de enunciarse en todo momento, es el más perjudicado. Y es que, finalmente, son los menores los que menos responsabilidad tienen en las decisiones de sus progenitores, pero, por desgracia, los que más pagan por ellas.

Esperamos que os haya gustado este blog, y recuerda que si necesitas asesoramiento en derecho de familia, somos expertos, y estamos aquí para ayudarte.