El TC deniega el amparo a una mujer divorciada para seguir en el uso y disfrute de la vivienda familiar tras la mayoría de edad de sus hijas.

En procedimientos de nulidad, separación y divorcio, el artículo 96.1 CC atribuye, en defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado por la autoridad judicial, el uso de la vivienda familiar y de los objetos de la misma a los hijos comunes y al cónyuge en cuya compañía queden éstos, hasta que éstos alcancen la mayoría de edad, ahora bien, el Código Civil guarda silencio sobre la atribución de la vivienda familiar cuando los hijos son mayores de edad o una vez han alcanzado la mayoría de edad, dejándose, por ende, a decisión judicial dicha decisión, dependiendo del caso concreto.

Hemos conocido una noticia reciente según la cual el TC deniega el amparo a una mujer que fue desalojada de la vivienda familiar al haber alcanzado sus hijas la mayoría de edad. Un procedimiento que se remonta a 2007, cuando un juez de Madrid declaró extinguido el divorcio, atribuyendo el uso y disfrute de la vivienda familiar a las hijas comunes y a la madre, al haberse atribuido a ésta la custodia de las hijas en exclusiva.

La sentencia que resuelve este caso es la STC 12/2023, de 6 de marzo, la cual procedemos a analizar a continuación.

La recurrente denuncia en el amparo constitucional una vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva, que en este caso tiene su proyección en el deber de protección de la familia que protege el artículo 39 CE. Conforme a la doctrina del TC, efectivamente, “hay un canon de motivación reforzado cuando el derecho a la tutela judicial efectiva incide de alguna manera en la familia, como ocurre cuando se deben tomar medidas relativas a los derechos individuales de cada uno de los componentes, tales como el uso de la vivienda habitual, determina que una resolución fundada en Derecho relativa a su modificación requiere que el fundamento de la decisión no solo constituya una aplicación no arbitraria de las normas adecuadas al caso, sino también que su adopción esté presidida, más allá de por la mera exteriorización de la concurrencia o no de los requisitos legales, por la expresión de la ponderación, de conformidad con los fines de la institución familiar.” Lo que implica, por ende, “que no es aceptable una resolución judicial de carácter meramente discrecional, sino que el deber de fundamentación de estas resoluciones judiciales requiere la ponderación de las circunstancias individuales de cada uno de los miembros que componen el núcleo familiar y de las necesidades de la propia familia consideradas en sí mismas, así como de los valores y bienes jurídicos comprometidos en la decisión, teniendo en cuenta la finalidad principal de la institución. En particular, las decisiones sobre adjudicación del derecho de uso de la vivienda familiar, una vez alcanzada la mayoría de edad de los hijos, que es lo que motivó la constitución legal de tal derecho a su favor, deben inspirarse en el interés más digno de protección, para lo que juega un papel indispensable la capacidad económica de las personas concernidas con la decisión” .

En cuanto a la aplicación al caso de esta doctrina, señala el TC que, además de encontrar las sentencias impugnadas amparo legal en el artículo 96 CC, según el cual, en caso de no existir hijos -o hijos mayores de edad, en una aplicación análoga del artículo por los Tribunales- podrá atribuirse el uso y disfrute de la vivienda familiar al cónyuge cuyos intereses estén más necesitados de protección, lo cual alega la recurrente en amparo. No obstante, el TC no considera que se haya vulnerado dicha protección al entender que ambos progenitores gozan de la capacidad económica suficiente y que, por el contrario a lo que se alega en el amparo, la recurrente goza de una posición económica privilegiada con respecto a la de su ex marido.

No se ha vulnerado, como entiende el TC, el derecho a la tutela judicial efectiva ni ha habido una interpretación errónea del artículo 96 CC, pues se entiende que no existe ningún interés necesitado de protección que justifique la continuación de la demandante en amparo en la vivienda familiar una vez las hijas han cumplido la mayoría de edad.

Desde GIL LOZANO ABOGADOS esperamos que os haya sido de utilidad este post, y recordaros que estamos aquí para ayudaros.

 

Yolanda Gil Lozano
Abogada Matrimonialista en Abogados Gil Lozano | 912 30 14 52 | Web | + posts

Licenciada en derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, Abogada especialista en derecho de familia, herencias, directora del despacho, máster en mediación, arbitro titulada y profesora honorífica de la Universidad Autónoma de Madrid.

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