IMPLICACIONES TRIBUTARIAS DE LA SEPARACIÓN Y EL DIVORCIO

Una de las principales consecuencias de la separación y el divorcio es la disolución del Régimen económico matrimonial. Si tratamos de la sociedad de gananciales, ha de producirse a la liquidación tras la disolución del matrimonio y la posterior disolución de la sociedad. 

El art. 1344 CC define la sociedad de gananciales como el régimen económico matrimonial mediante el cual “se hacen comunes para ambos cónyuges las ganancias o beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de ellos, que les será atribuidos por mitas cuando se disuelva aquélla.” 

Ahora bien, una de las preguntas que nos solemos hacer cuando estamos ante este tipo de problemática (la disolución y la posterior liquidación de la sociedad) es acerca de las obligaciones tributarias que ello nos va a conllevar.

En primer lugar, nos hemos de referir al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD). El art. 45.3 LITPAJD exime directamente del pago del Impuesto a “Las aportaciones de bienes y derechos verificados por los cónyuges a la sociedad conyugal, las adjudicaciones que a su favor y en pago de las mismas se verifiquen a su disolución y las transmisiones que por tal causa se hagan a los cónyuges en pago de su haber de gananciales”.

En conclusión, la división de los bienes gananciales y su posterior adjudicación a los cónyuges estaría exenta del pago del impuesto, en tanto que se entiende que no existe una ganancia como tal para los cónyuges.

Otra consecuencia destacada en materia tributaria de la separación y el divorcio y la liquidación de la sociedad de gananciales es la que atañe al Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El art. 33.1 LIRPF define las ganancias y pérdidas patrimoniales como “variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél, salvo que por ley se califiquen como rendimientos”. No obstante, el apartado 2 b) de este mismo artículo 33 entiende que no existe alteración de la composición del patrimonio en caso de la disolución de la sociedad de gananciales o del régimen de participación, ya que, entendemos, no se produce una ganancia como tal si no que estamos ante una división de bienes de los que los cónyuges ya disponían previamente constante la sociedad. 

En cuanto al régimen de separación de bienes, al no existir liquidación de bienes comunes, no procede hablar de consecuencias tributarias a este nivel.

No obstante, la separación y el divorcio tiene otras consecuencias económicas, con independencia del régimen económica al que se somete el matrimonio. Una de ellas es la pensión compensatoria, regulada por el art. 97 CC, según el cual el cónyuge a quien el divorcio le haya producido un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, tendrá derecho a una pensión compensatoria. Según el art. 17. 2. F) LIRPF, este tipo de prestaciones son consideradas rendimientos del trabajo, y por ende, tributan por este impuesto.

No ocurre así con la pensión alimenticia que se establece para la manutención de los hijos comunes del matrimonio, si los hubiere, ya que el artículo 7 k) LIRPF considera como renta exenta “Las anualidades por alimentos percibidas de los padres en virtud de decisión judicial.”  No obstante, hemos de tener en cuenta que, al considerarse una renta exenta, no será un gasto deducible para el pagador. 

Para concluir, hemos de tratar el caso de exceso de adjudicación de la vivienda habitual en favor de uno de los cónyuges, y si hemos de tributar por dicho exceso. La STS 963/2022, de 12 de julio (N º REC. 6557/2020) resuelve sobre la problemática acerca de si dicho exceso ha de tributar o no por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD), concluyendo que dicho exceso no se trata de una donación, al no existir un ánimo de liberalidad, pues estamos ante una adjudicación libremente pactada entre las partes (corrigiendo así la calificación que hizo el TEAR de Cataluña).

Asimismo, señala el TS en el FJ 2 de la mencionada sentencia que no estamos por tanto ante una donación, entendida ésta como acto unilateral y lucrativo, pero que, de ser así, tampoco sería válido “por no haberse instrumentado en escritura pública, lo que en modo alguno consta, esto es, al adolecer, si se tratase de una donación, de una causa de nulidad de pleno derecho, en el caso, aceptado a efectos polémicos, de que un exceso de adjudicación pudiera ser equiparado a una donación, requerido de una forma ad solemnitatem en caso de que recaiga sobre inmuebles.”

En conclusión, el TS entiende que no estamos ante una donación, tanto en su sentido material, en tanto que no se ha producido ninguna transmisión a título lucrativo, como en su sentido formal, puesto que no existe escritura pública por la que se transmita el dominio, como bien exige el artículo 633 CC como requisito constitutivo de una donación de un bien inmueble, como es en este caso la vivienda familiar. Por ende, al no entrar dicho exceso en la definición de donación, no tributaría por el ISD.

Esperamos que este post os haya sido de ayuda, como siempre ya sabéis que en GIL LOZANO ABOGADOS estamos aquí para ayudaros.

Santiago Yanini
CEO en Abogados Gil Lozano | 912 30 14 52 | + posts

Socio fundador del despacho, experto herencias y liquidación de sociedad de gananciales. Socio-Fundador de Abogados Gil Lozano CEO Abogados Gil Lozano. Especialista en liquidación de patrimonio, herencias y negociaciones.

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