Incapacitación Judicial

INCAPACITAR A UNA PERSONA

El este procedimiento de incapacitación buscamos incapacitar a una persona que no puede regir por sí misma su persona y/o sus bienes.

El ordenamiento jurídico establece tres tipos de protección, la patria potestad prorrogada, la tutela y la curatela. En el despacho instamos el procedimiento de incapacitación, y asesoramos a la familia a lo largo de todo el procedimiento.

Éste procedimiento no concluye con la sentencia puesto que la persona que se encargue de la guarda y custodia de esos incapaces deben presentar anualmente las cuentas de los mismos, y en el despacho las gestionamos para presentarlas ante el órgano judicial competente.

INCAPACITACIONES

Según el artículo 199 del Código Civil nadie puede ser incapacitado sino por sentencia judicial y sólo en virtud de las causas establecidas en la ley.

A renglón seguido tenemos que ver cuáles son las causas establecidas por la ley para poder incapacitar a una persona. Las causas están fijadas expresamente en el artículo 200 del Código Civil “son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí mismo”.

Según el artículo arriba indicado son enfermedades o deficiencias físicas o psíquicas que impidan a una persona gobernarse por sí mismo, ahora bien, no olvidemos la palabra PERSISTENTES, deben ser enfermedades PERSISTENTES, por ello, cuando vamos a solicitar la incapacidad de una persona y el nombramiento de un tutor el Juzgado de Primera Instancia se cuidará de que esas enfermedades sean irreversibles, por ejemplo: Alzheimer, demencia senil, etc… Tenemos que presentar informes médicos de médico de familia, neurólogo, psiquiatra para enfermedades mentales persistentes.

También los menores de edad pueden ser incapacitados, siempre y cuando, padezcan una enfermedad, que haga previsible que no van a poder regir su persona o bienes después de alcanzar la mayoría de edad, por ejemplo enfermos de síndrome de down, niños con hidrocefalia, entendemos que éstos menores, aún cuando lleguen la mayoría de edad, no van a poder regir su persona y bienes por si mismo, si bien es cierto, que, en estos casos, en vez de hablar de tutor, hablamos de Patria Potestad prorrogada. Tenemos que tener en cuenta que cuando alcanzamos la mayoría de edad, automáticamente, la patria potestad se extingue, es por ello que, cuando los padres tengan hijos que se prevea que al ser mayores de edad no van a poder regir su persona o bienes por si mismo por padecer enfermedades persistentes que se lo van a impedir, deberían instar el procedimiento de patria potestad prorrogada para defender a la persona y bienes de sus hijos como si fueren menores de edad.

Hay tres figuras para proteger a los incapaces, se les puede nombrar:

1º.- Tutor.

2º.- Curador.

3º.- Defensor Judicial.

Como tutor será preferido, y en este estricto orden, tal y como establece el artículo 234 del Código Civil:

1º.- El designado por el propio tutelado si así lo hubiere hecho antes de concurrir la causa incapacitadora.

2º.- El cónyuge que conviva con el tutelado.

3º.- Los padres.

4º.- La persona o personas designadas por los padres en sus actos de últimas voluntades.

5º.- Al descendiente, ascendiente o hermano que designe el Juez.

Excepcionalmente el Juez, en resolución motivada, puede alterar el orden del párrafo anterior o incluso prescindir de todas esas personas en interés o beneficio del menor o del incapacitado.

Con la incapacitación de una persona, lo que se trata de hacerla es, ante todo protegerla, en beneficio suyo, y todas las medidas que se adopten serán siempre en beneficio suyo.

Por sólo poner un par de ejemplos para aceptar o renunciar a una herencia, un incapaz debe contar con la autorización del Juez que contará con el informe del Ministerio Fiscal (figura que defiende a los menores e incapaces en los procedimientos donde intervienen ellos), para adquirir una vivienda o para la venta de la misma también es necesaria autorización judicial que deberá contar con el informe del Ministerio Fiscal.

El tutor tiene una serie de obligaciones establecidas en el artículo 269 del Código Civil: El tutor está obligado a velar por el tutelado y:

1º.- A procurarle alimentos (derecho de alimentos).

2º.- A educar al menor y procurarle una formación integral (esta obligación es la misma que los padres tienen respecto de los hijos en la patria potestad).

3º.- A promover la adquisición y recuperación de la capacidad y su mejor inserción en la sociedad, en caso de ser posible esa adquisición o recuperación.

4º.- A informar al Juez anualmente sobre la situación del menor o incapaz y a rendirle la cuenta anual de su administración: Este deber-obligación del tutor es sumamente importante, para ver que el tutor no está malversando los bienes de su tutelado es necesaria la presentación de cuentas anuales, una de las consecuencias de la no presentación de las cuentas anuales es la REMOCIÓN del cargo de tutor.

Fdo. Yolanda Gil Lozano

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