¿Por qué nos oponemos a las tasas judiciales?
En nuestro despacho nos oponemos al pago de las tasas judiciales por parte de los ciudadanos. En este blog daremos las claves de nuestra férrea oposición a las mismas.
En primer lugar, porque pensamos que ningún legislador debe vulnerar los derechos fundamentales, según el artículo 24 de la Constitución Española “Todos tenemos derecho a la tutela judicial efectiva”, y con las Tasas Judiciales lo que se hace es limitar ese derecho. En un Estado Social y Democrático de Derecho no se debe permitir la vulneración de los derechos fundamentales, entre los cuales se halla ubicado el artículo 24 de la Constitución Española. Los máximos garantes de la Constitución deben garantizar, como es obvio, el riguroso y escrupuloso cumplimiento de la Constitución, y dentro de la misma, de los Derechos Fundamentales. Si dejamos abrir la puerta a la vulneración de esos derechos mañana podríamos lamentar otras vulneraciones diferentes, como la vulneración del derecho a la vida, o a la integridad física, o a la libertad religiosa o ideológica. Es muy peligroso abrir la puerta a la vulneración de los derechos fundamentales.
En segundo lugar, para que los ciudadanos se hagan una idea, un ciudadano que quiera reclamar una cantidad que alguien le adeuda deberá pagar una tasa fija, que dependiendo del tipo de procedimiento, va desde los 100 € del procedimiento monitorio a los 300 € del procedimiento ordinario, a ésta tasa fija a día de hoy hay que sumarle una variable del 0,10% (antaño era el 0,50%). Imaginemos por un momento, que en primera instancia el fallo es desfavorable, pues bien, el abogado debe plantear al cliente que éste si quiere recurrir debe abonar la nada desdeñable suma de OCHOCIENTOS EUROS (800,00 €) de tasa fija, más el 0,10% de variable, más los cincuenta euros de depósito. Alguien en su sano juicio puede entender que un ciudadano medio pueda pagar 850 € más el 10% de la cuantía reclamada para ir a apelación. Ya no hablemos de la casación, porque el recurso de casación cuesta 1.200 € de tasa fija, más el 0,10% de tasa variable. Pensemos que el SMI está en 645,30 € y que un gran porcentaje de la población cobra salarios por debajo de los 1.000 €.
Lo que se ha provocado durante estos dos duros años de tasas judiciales, ha sido que un gran número de ciudadanos se hayan visto privados de su derecho a la tutela judicial efectiva, es decir, que a un gran número de ciudadanos les han privado de UN DERECHO FUNDAMENTAL.
Hoy y siempre seguiremos abogando por el acceso a la justicia, y que TODOS LOS CIUDADANOS tengan derecho al acceso a la justicia sin tener que pagar por ello, y menos aún cantidades exorbitadas.
En diversas conferencias sobre éste tema, diversos sectores se han servido de datos europeos, pues bien, en algunos de nuestros países vecinos hay que pagar una tasa que, nada tiene que ver con la nuestra, no llega a los 50 € en muchas ocasiones. Todo ello con unos salarios que nada tienen que ver tampoco con los nuestros, ganan más y pagan menos de tasa.
Nos debemos preguntar ¿cuántas personas han preferido no acudir a la justicia para resolver cuestiones de índole económica por imposibilidad? Y más allá podríamos llegar a pensar, que si a una persona se la debe dinero por parte de otra y no puede acudir al sistema predeterminado, ¿cómo se ha a cobrar su deuda? ¿Se está incitando a acudir a medios ilícitos?. Estas cuestiones deberían ser planteadas desde todos los objetivos, al acreedor que se le adeuda dinero no va a cejar en su intento de cobrar, y si no le facilitamos el acceso a la justicia a lo mejor en un futuro, no muy lejano, podemos arrepentirnos de la decisión tomada de imposición de tasas.
Creo que hemos dejado claro desde el despacho nuestras inquietudes, en todas las conferencias y reuniones a las que hemos asistido, ahora sólo queda esperar, y confiar, en que el Tribunal Constitucional nos de la razón y derogue la tasa judicial que imposibilita el acceso de los ciudadanos a la justicia.
Fdo. Yolanda Gil Lozano
Paula Vicente San Antonio
Abogada con experiencia en Derecho de Familia y Hereditario, inscrita en el Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares (ICAAH). Grado en Derecho de la Universidad de Alcalá (UAH) y Máster de Acceso a la Abogacía en la misma institución.
